Comentario

Mientras la izquierda se unía, la coalición gobernante entraba en crisis. A principios de octubre, Alcalá Zamora hizo llegar al Gobierno la denuncia de un hombre de negocios holandés, Daniel Strauss, que en 1934 había introducido con su socio, Perlo, un juego de ruleta trucado, conocido popularmente como estraperlo por el nombre de sus propietarios. Para lograr su aprobación, dado que los juegos de azar estaban prohibidos en España, Strauss afirmaba haber sobornado a varios políticos del PRR. Instalada la ruleta en el Casino de San Sebastián y luego en el de Formentor, las autoridades habían ordenado su cierre al denunciarse irregularidades. Ello le decidió a denunciar el asunto, a fin de exigir una indemnización por los gastos de instalación y sobornos. El jefe del Gobierno, Lerroux, no hizo caso de la denuncia, pero el presidente de la República, por motivos que pueden ser objeto de muy distintas apreciaciones, se negó a silenciarla, obligando al Gobierno a trasladar el caso al Parlamento, que designó una Comisión para estudiarlo. El dictamen de ésta señalaba la existencia de actuaciones que no se ajustaron a la austeridad y ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen, y señalaba la culpabilidad de veteranos radicales, como Emiliano Iglesias, Joan Pich i Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux, hijo adoptivo del líder del partido, Eduardo Benzo, ex subsecretario de la Gobernación, que había gestionado el permiso para la ruleta y el ex ministro Salazar Alonso, que lo había firmado. El escándalo, poco importante en si mismo, ponía de relieve la existencia de un cierto grado de corrupción entre los cuadros del PRR. El 28 de octubre, las Cortes votaron la culpabilidad política de todos los acusados, excepto de Salazar. Afectados por el escándalo, Lerroux y Rocha abandonaron el Gabinete ministerial.
Pocos días después, estallaba el segundo escándalo. Lo planteó un probo funcionario, Antonio Nombela, inspector general de Colonias que denunció la intervención de algunos dirigentes radicales, especialmente el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Moreno Calvo, en la resolución fraudulenta de un expediente de indemnización a una naviera, la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario catalán Antonio Tayá, por la pérdida de dos buques en la Guinea española. La negativa de Nombela a abonar la irregular indemnización, aprobada por el Gobierno el 12 de julio, le llevó a exponer el caso a los ministros Gil Robles y Lucia, pero ello ocasionó su cese, decidido por el Gabinete el día 26. Nombela dirigió entonces su denuncia a las Cortes donde, a finales de noviembre, se nombró una Comisión para estudiar el asunto. El llamado "expediente Talla" afectaba esta vez directamente a Lerroux, que había intervenido como presidente del Gobierno. En el debate ante el Pleno, el líder radical fue incapaz de defenderse de las acusaciones de corrupción, aunque la votación de los diputados le exculpó. Aun así, el PRR quedó sumamente desprestigiado por este nuevo escándalo, mucho más importante que el del estraperlo, y entró en un proceso de disgregación. Gil Robles intentó aprovechar el hundimiento de sus socios republicanos, que él mismo había facilitado, para acceder a la jefatura del Gobierno, pero Alcalá Zamora lo impidió encomendando a Portela la formación de un nuevo Gabinete de centro y, luego, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.